Prólogo

AuteurFranck Moderne
Occupation de l'auteurCatedrático de Derecho Publico de la Universidad París I (Panthéon-Sorbonne)
Pages15-21

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Julio César TEJEDOR BIELSA me honró con la petición de un prólogo para el estimulante libro que ofrece a los lectores españoles -o de lengua española-: Un modelo urbanístico alternativo: el derecho francés, Cedecs, Barcelona, 1998.

Tal honor resulta, en cierto modo, temible. El urbanismo se ha convertido en nuestra sociedad en una disciplina que trasciende cualesquiera límites. Apenas respeta las fronteras, tradicionales en los sistemas jurídicos de la gran familia romano-germánica, entre el derecho público y el derecho privado. Delimitado por el derecho público, se ha infiltrado en el derecho privado de bienes, de contratos, de sucesiones, etc. Ejerce sobre la sacrosanto derecho de propiedad, legado venerable de nuestra vieja Declaración de los derechos de Hombre y el Ciudadano de 1789 (art. 17: "La propiedad es un derecho inviolable y sagrado, del que nadie puede ser privado sino cuando, de forma evidente, lo exija la necesidad pública legalmente constatada") una presión insistente y constante1. En el seno del derecho público, en un país que es la cuna del "régimen administrativo" (según expresión de Maurice HAURIOU), proyecta sus exigencias sobre las tres grandes dimensiones de toda política urbanística: la planificación (elaboración y adaptación constante de los instrumentos de ordenación -planes de ocupación del suelo, esquemas directores, planes de ordenación de zonas y otros- a las exigencias derivadas de la evolución demográfica y socioeconómica); la dimensión "operativa" (las actuaciones u operaciones de ordenación urbana realizadas bajo la autoridad de los poderes públicos para dar respuesta a las crecientes y contradictorias exigencias en las diferentes modalidades de uso del suelo) y la dimensión relativa alPage 16 uso concreto de los terrenos urbanos por cualquier ocupante que disponga de título adecuado para ello.

No es por casualidad que la rotunda expresión "policía del urbanismo" se utilice siempre para caracterizar los controles administrativos explícitos o encubiertos del fenómeno urbano2. Aparecen aquí, en efecto, todos los elementos del arsenal habitual de los poderes de policía administrativa: una regulación (de ámbito nacional o local) que no permite fácilmente su derogación o modificación, ni la negociación sobre su contenido y efectos; un poder unilateral de decisión que se manifiesta en forma de prohibiciones, restricciones o autorizaciones de diversa índole, todas ellas estrechamente condicionadas y vigiladas (la licencia de edificación, si bien es el ejemplo más típico, no es en absoluto el único instrumento del que dispone la Administración pública); y, por último, un sistema represivo que comprende sanciones administrativas, sanciones penales y sanciones civiles bajo la autoridad del juez competente.

Como corolario de esta apropiación del derecho urbanístico por los poderes públicos, su régimen fiscal ha ido perdiendo especificidad pesar de que la doctrina había creído posible dotarle de una cierta relevancia y entidad propia3.

Tal cúmulo de reglas, portadoras de mandatos jurídicos, exige un permanente esfuerzo de puesta al día y armonización aunque sólo sea para asegurar una mínima seguridad jurídica4. Pero el sistema evoluciona constantemente empujado por las nuevas preocupaciones (protección del medio ambiente, salvaguarda del patrimonio histórico, prevención de riesgos naturales o tecnológicos, identificación de zonas consideradas más "sensibles" -el litoral marítimo, la montaña-, mejora del habitat social -mediante la Ley para la ciudad de 1991-, etc.).

En suma, el urbanismo se presenta en Francia, prima facie, como un sistema multiforme, en el que los diversos estratos normativos se superponen más o menos coherentemente y que acompaña al individuo en su éxodo del medio rural hacia la ciudad.

Ciertamente, el derecho francés, como los otros ordenamientos nacionales, debe tener hoy en cuenta el atento interés dedicado a esta cuestión por diversos órganos jurisdiccionales de ámbito europeo y, especialmente, por el Tribunal Europeo de...

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